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Definida la estrategia de impulsar la reforma laboral por capítulos, Mauricio Macri dio la orden de volver a la carga con el proyecto oficial, cuyo tratamiento se empantanó en diciembre en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano

El plan del Gobierno será aprobar antes del primer semestre los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con la CGT, en la que ya no tiene más injerencia el jefe camionero. En la primera tanda, que sería tal vez después del debate sobre el aborto, se avanzaría sin problemas con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral.

Llegaría después la pulseada por las modificaciones que generan más resistencia, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017.

Ese debate se daría en junio, según afirmaron dirigentes sindicales con buena llegada al oficialismo y fuentes legislativas de Cambiemos. La fecha no sería casual: durante ese mes comienza el Mundial de fútbol, un punto en el calendario que nada tiene que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en la trastienda política.

En la Casa Rosada se entusiasman con un “efecto dominó”: si avanzan con blanqueo laboral, licencias y pasantías, difícilmente se frenen los otros puntos. La expectativa crece a partir de un acuerdo, hasta ahora retórico, que se dio entre los principales dirigentes de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para aprobar el blanqueo laboral durante el primer semestre.

“La CGT nos va acompañar, la mayoría entendió que no es una reforma salvaje. Vamos a depender de los legisladores”, pronosticó un jerárquico de la cartera laboral.

Triaca y la CGT reflotaron hace algunas semanas el borrador del proyecto que se había frenado el año pasado en el Senado. Coincidieron en que no buscarán modificaciones en la letra chica y en la necesidad de tratar con urgencia la iniciativa de blanqueo y el proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales.

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