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La Organización de Naciones Unidas emitió un duro comunicado donde exige el fin del uso de fuerza letal contra los niños. Un comunicado que se conoce poco después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificara la actitud de la Policía tucumana ante la muerte del niño Facundo Ferreira.

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, saliera a defender a los policías tucumanos que asesinaron de un tiro en la nuca a Facundo Ferreira, el niño de 12 años que fue considerado “sospechoso” por andar en moto con un amigo, Unicef Argentina pidió que “ante los casos de uso de fuerza letal contra niños, niñas y adolescentes” por parte las fuerzas de seguridad, “se adopten medidas concretas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza” hacia la infancia.

La declaración del organismo dedicado a la infancia dependiente de la ONU no menciona el gobierno nacional pero en el que hace una clara alusión al endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas desde la Casa Rosada. El texto subraya que, “ante los casos de uso de fuerza letal contra niños, niñas y adolescentes” es “fundamental de proteger el derecho a la vida y respetar los derechos” contemplados en la Constitución Nacional argentina y en los pactos internacionales que están suscriptos en ella.

A contramano de este criterio, Patricia Bullrich defendió el accionar de esa fuerza policial provincial y acusó a Facundo de haber disparado contra los agentes, hecho que aún no está probado en la causa. “Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía al que le están tirando y él tiene todo el derecho a defenderse. Él no sabe si (quien le disparó) es un chico de 11 o 12 años”, interpretó la funcionaria y remató: “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle”.

En tanto, la organización internacional que trabaja por los derechos de la infancia instó al Estado nacional administrado por Cambiemos a adoptar “medidas concretas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza hacia niños, niñas y adolescentes” y se ofreció a brindar “asistencia para crear un sistema nacional de información para registrar actos de todo tipo de violencia desde las fuerzas de seguridad contra los niños y adolescentes”.

Los integrantes de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que representan legalmente a la familia de Facundo, habían advertido que el proceder de la policía tucumana, institución que oficialmente reconoció que la persecución contra la víctima y su amigo se inició porque “circulaban en forma sospechosa”, incumplió con la normativa internacional establecida para procedimientos contra niños.

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