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El Gobierno publicó el decreto que deroga la actualización del protocolo de aborto no punible

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Este viernes se conoció el documento que revoca la resolución publicada “sin consultar” el miércoles por la Secretaría de Salud. Se trata de la anulación del nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Este viernes el Gobierno revocó oficialmente la actualización del protocolo de aborto no punible que la Secretaría de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, había publicado el miércoles en el Boletín Oficial sin informar al presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Tras dos días de conflictos internos en el gobierno, la decisión de derogar el nuevo protocolo mediante un decreto fue tomada por Macri luego de la reunión del jueves con su gabinete.

Cuando el miércoles se conocieron los desacuerdos en el interior de la fuerza, corrieron rumores de que iban a revocar del cargo al secretario de Salud, Rubinstein. A pesar de que decidieron que continúe en su función, trascendió que Rubinstein analiza la posibilidad de renunciar este viernes.

El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial es el número 785/2019. La razón principal que señala como decisoria para derogar el protocolo es que “la resolución publicada el 19 de noviembre fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”.

El documento señala además que “el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha manifestado no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes”. De la misma manera, el decreto indica que la decisión tampoco fue evaluada por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia ni con la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres, órganos que tienen injerencia en las políticas públicas de este tipo ya que se basan en salud pública y derechos de los niñas, niños y adolescentes y mujeres.

El decreto hace hincapié en que “la cuestión tiene estrecha vinculación con el Proyecto de reforma del Código Penal de la Nación que fuera remitido al Honorable Congreso de la Nación mediante Mensaje N° 60/19. Que la inobservancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, vicia dicha voluntad”.

Para finalizar, el documento señala que por lo señalado anteriormente el presidente de la Nación decretó que “Derógase la Resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social número 3158 de fecha 19 de noviembre de 2019”, precisó la resolución, cuya medida “entra en vigencia a partir de su publicación y tiene la firma del propio Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley”.

“Una decisión inconsulta”

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue quien el jueves dio declaraciones acerca de la resolución publicada el miércoles. “El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta” y “debe tener trámite legislativo”, aseguró. Además, adelantó que el decreto sería publicado este viernes.

Sin embargo, el vocero de la reunión de gabinete nacional del jueves fue el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que confirmó lo que había adelantado Stanley. “Tiene que ver con una cuestión de forma y cómo se toman la decisiones en el Gobierno”, sostuvo el funcionario, en una rueda de prensa.

En esa línea, aseguró que “no se hace un juicio de valor sobre el fondo” de la cuestión, es decir el protocolo, “ni tampoco sobre la persona del secretario de Gobierno de Salud”, en referencia a Rubinstein, impulsor de la iniciativa. “Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Mauricio Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el Presidente”, y añadió que también los secretarios “saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro”.

Sobre si se trató de una falla en la Secretaría Legal y Técnica, que no advirtió el tenor y la importancia de la norma, el ministro lo negó, porque dijo que no hacen un análisis del “fondo” de cada norma, sino sobre su “legalidad”.

En otro tramo del diálogo con los periodistas, Finocchiaro contó que Rubinstein dialogó el jueves con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el tema. Pero aseguró que al funcionario radical “no se le pidió la renuncia”.

“Con respecto a la postura del gabinete, nuestro gobierno es un gobierno muy plural, este es un tema de conciencia, y hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra, lo mismo pasa con nuestra bancada en el Congreso”, expuso.

Consultado sobre qué pasará ahora con el protocolo, Finocchiaro consideró que “es uno de esos tema que tenemos que trabajar con el Gobierno que viene”. “Soy partidario de que un gobierno al que le faltan diez días hábiles para entregar el poder debe administrar, debe cerrar temas de su gestión, pero no debe tomar decisiones en temas sensibles que pudiesen comprometer a la próxima administración”, concluyó.

Las Interrupciones Legales del Embarazo (más comúnmente denominadas “abortos no punibles”) son aquellas contempladas por el Artículo 86 del Código Penal de la Nación, vigente en Argentina desde 1921 y reafirmado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012. En dicha normativa, se establece que no son pasibles de pena las interrupciones de gestación que se hubieran practicado sobre embarazos producto de violación y aquellas que se realicen para evitar la muerte de la persona gestante en cuadros de salud que lo ameriten.

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